El Gobierno catalán ha acordado este martes encargar a los servicios jurídicos de la Generalitat el estudio de las vías de impugnación del Real Decreto Ley 13/2014 del Gobierno central por el que se ha acordado repercutir en la tarifa del gas de los ciudadanos durante los próximos 30 años los 1.350 millones de euros de indemnización a la empresa ACS por la suspensión del proyecto Castor.
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